La independencia judicial en España: fundamentos constitucionales, evolución histórica y desafíos contemporáneos
DOI:
https://doi.org/10.54571/ajee.734Palabras clave:
Separación de poderes, Estado de Derecho, Constitución española, Consejo General del Poder Judicial, imparcialidad, Reforma de 1985Resumen
La independencia judicial constituye uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho, cuyo origen se remonta a los postulados filosóficos de Sócrates, Locke y Montesquieu. Estos pensadores defendieron que el poder debe estar limitado por mecanismos institucionales que impidan su abuso, dando lugar a la teoría de la separación de poderes como garantía de la libertad política.
En España, aunque la Constitución de 1978 consagra la independencia judicial en su artículo 117, la reforma legislativa de 1985 permitió que las Cortes Generales eligieran la totalidad de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que ha derivado en una creciente politización del órgano. Esta situación ha debilitado la capacidad del poder judicial para actuar como contrapeso frente al ejecutivo y ha generado una percepción pública de falta de imparcialidad.
La preocupación por esta falta de independencia ha trascendido el ámbito nacional. Instituciones europeas como la Comisión Europea, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) y la Comisión de Venecia han instado a España a reformar el sistema de elección del CGPJ. Estas entidades recomiendan que los jueces elijan directamente a sus representantes y que se garantice la desvinculación de la Fiscalía respecto del poder ejecutivo.
La Resolución del Parlamento Europeo de junio de 2025 subraya que una justicia imparcial y accesible es un principio básico del Estado de Derecho, y exige que los nombramientos judiciales se basen exclusivamente en criterios profesionales, sin interferencias políticas. Esta resolución refleja una creciente inquietud europea ante la erosión de los mecanismos de control institucional en España.
En este contexto, la independencia judicial no debe entenderse como un privilegio corporativo, sino como una garantía fundamental para los ciudadanos. Su debilitamiento compromete la legitimidad democrática y pone en riesgo la tutela efectiva de los derechos fundamentales.
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Citas
- HAURIOU, A. Derecho Constitucional e Instituciones Políticas. Editorial Ariel, Barcelona 1980.
- MONTESQUIEU, Ch., De El Espíritu de las Leyes. Editorial Tecnos, Madrid 2007.
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